Represión franquista

La represión franquista se refiere al largo proceso de violencia física, económica, política y cultural que sufrieron durante la Guerra Civil Española los partidarios del bando republicano en la zona sublevada, y durante la posguerra y el Régimen de Franco los perdedores de la Guerra Civil -los republicanos-, quienes les apoyaban o podían apoyarles, los que eran denunciados como antifranquistas -lo fueran o no-, así como posteriormente los miembros de organizaciones políticas, sindicales y en general quienes no estaba de acuerdo con la existencia de la dictadura franquista, manifestaban su oposición al mismo y quienes constituían o podían constituir un peligro para el mismo.
En la historiografía no española, la represión franquista se suele denominar terror blanco (white terror en inglés, terreur blanche en francés).
El periodo álgido de represión y violación de los derechos humanos (que corresponde al llamado "terror blanco") empezó con el alzamiento militar de julio de 1936 y se considera que terminó en 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial puso fin a las dictaduras de Hitler y Musolini, principales apoyos del régimen franquista. A partir de 1945, año de la promulgación del Fuero de los Españoles, se suele hablar de represión franquista, una represión que se aplicó durante toda la dictadura hasta el fallecimiento de Francisco Franco en noviembre de 1975.
Según distintos informes coincidentes, España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, tras Camboya.

Tipos de represión
La dictadura franquista recurrió a lo largo de toda su existencia, hasta 1976, a los métodos represivos propios de todo régimen no democrático. La no observancia de estas prohibiciones conllevaba penas de cárcel, sanciones y multas, así como violencia física en la primera fase represiva del Régimen. La represión ejercida por el franquismo se extendió a toda la sociedad y puede clasificarse del siguiente modo:

La represión violenta y física

Desaparecidos del franquismo, Ejecutados víctimas de la represión durante la dictadura franquista y Víctimas de la represión en la zona franquista.

Ajusticiamientos, asesinatos y desapariciones forzosas

Incluye los ajusticiamientos "legales", en cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales militares durante el periodo de la guerra civil, los asesinatos ilegales, las llamadas sacas, practicadas al margen de las autoridades militares, pero con el pleno conocimiento de que se estaban llevando a cabo. Las "sacas" fueron especialmente intensas durante los meses de julio y agosto de 1936. Dentro del ámbito de la represión física también se incluye el encarcelamiento y cualquier pena de privación de libertad. La represión violenta y física ejercida por el régimen continuó después del fin de la contienda, en periodo de paz, y se prolongó hasta los años 1970, adoptando métodos no tan masivos y más ajustados a la legalidad establecida por el sistema judicial vigente en aquel periodo. Las desapariciones forzosas siguieron produciéndose hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los encargados de la represión o la administración en los campos habían sido víctimas en la zona republicana, y por este motivo mantuvieron una voluntad de furia y venganza hacia los vencidos.Tampoco los funcionarios de alta instancia de la posguerra se mostraron muy contrarios a este clima de represión y venganza: El Director General de Prisiones, Máximo Cuervo Radigales, y el jefe del Cuerpo Jurídico Militar, Lorenzo Martínez Fuset, contribuyeron en no poca medida a crear este clima represivo.

Balance

Muchas de las víctimas fueron enterradas en fosas comunes repartidas por toda España, a menudo fuera de los cementerios y diseminadas por el campo, y sin que su muerte fuese inscrita en los registros civiles. Desde principios de los años 2000, diversas asociaciones de víctimas del franquismo como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se han encargado de localizar estas fosas para identificar los restos de los ajusticiados y entregarles a sus familiares para que pudieran darles una sepultura digna. La ley de memoria histórica, aprobada en diciembre de 2007, pretende hacer efectivos los nuevos derechos reconocidos a las víctimas del franquismo para equipararles a las víctimas del otro bando, y ha establecido un mapa de fosas y víctimas, en constante actualización.
Según el historiador británico Antony Beevor, el número total de víctimas de la represión franquista podría acercarse a 200.000, teniendo en cuenta que en varias provincias el recuento aún no había sido efectuado en 2005.
Según el historiador británico Hugh Thomas, el balance de la represión llevada a cabo por los nacionales se cifraría en 75.000 muertos durante la guerra, de los que dos tercios corresponderían a los primeros meses del conflicto (incluyendo las ejecuciones en los campos de concentración, las ordenadas por los tribunales después de 1936 y los muertos en el frente).Estas cifras alcanzarían 100.000 muertos si se incluyen los represaliados por los nacionales en los territorios conquistados.
Diversas estimaciones presentan cifras en torno a 150.000 víctimas,algunas apuntando hasta 400.000 muertos,según el periodo considerado y la inclusión o no de las víctimas muertas en campos de concentración. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se prolongaron más tiempo bajo el gobierno franquista, siendo éste menos amenazado que el gobierno republicano. En cuanto a los cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas, 192.000 habrían sido fusilados, a veces varios años después del fin de la contienda, con picos de varios centenares de ejecuciones al día en algunos periodos de 1939 y 1940.

Niños robados
Episodio menos conocido de la represión franquista, el régimen alentó separar a niños de sus madres cuando éstas estaban encarceladas. Cuando los niños nacidos en la cárcel alcanzaban tres años de edad (que no era común al recibir intencionadamente una dieta hipocalórica que les provocaba una alta mortalidad), y cuando no existían familiares que pudieran hacerse cargo de ellos, pasaban a ser "tutelados" por la Sección Femenina de la Falange, y en particular por los Patronatos de Redención de Penas que se encargaban de educar a los hijos de los detenidos. Según estudio publicado por Ricard Vinyes, entre 1944 y 1945 el Patronato de San Pablo contabilizó 30.000 menores hijos de encarcelados y exiliados, a los que habría que añadir 12.000 tutelados por el Patronato de la Merced.

En noviembre de 1940, el Ministerio de Gobernación publicó un decreto sobre los huérfanos de guerra, a saber hijos de padres fusilados o desaparecidos (exiliados, olvidados en las cárceles, fugitivos y clandestinos), según el cual sólo «personas irreprochables desde el punto de vista religioso, ético y nacional» podían obtener la tutela de esos niños. En diciembre de 141, una ley permitió que los niños que no recordaran su nombre, hubieran sido repatriados o cuyos padres no pudieran ser localizados fueran inscritos en el Registro Civil bajo un nuevo nombre, lo que facilitó que pudieran ser adoptados de forma irregular. Esta práctica se extendió a todo el período de la dictadura franquista.

En su Declaración de condena de la Dictadura Franquista del 17 de marzo de 200, el Consejo de Europa afirmó que los «niños perdidos» son víctimas del Franquismo, dado que sus «apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen». También afirmó que «el régimen franquista invocaba la 'protección de menores' pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo», y que «frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos».

La represión administrativa
Practicada con todos los funcionarios del Estado Republicano, tanto en las instituciones Centrales, como en diputaciones y municipios, llevada a cabo mediante un proceso de purga conocido con el nombre de depuración. Los funcionarios eran castigados con sanciones que iban desde el encarcelamiento, el traslado forzoso, la suspensión de empleo y sueldo, la inhabilitación y la separación. Para la obtención de una plaza, se daba prioridad a los leales al Movimiento Nacional, y se exigía la presentación de "certificados de buena conducta" expedidos por el jefe local de FET y de las JONS —a través de los informes del Servicio de Información e Investigación— y el cura de la parroquia.

Miles de oficiales que habían servido a la República fueron expulsados del ejército.

La represión educativa
La represión administrativa practicada en el Sistema Educativo fue especialmente intensa, tanto en la enseñanza primaria y secundaria como en las universidades. Instituciones pioneras de educación superior y de investigación como la Residencia de Estudiantes de Madrid fueron desmanteladas por ser consideradas subversivas, y los contenidos educativos fueron revisados para ajustarse a los estrictos criterios políticos, religiosos y culturales del Régimen, en todos los niveles de la enseñanza. La cuarta parte de los maestros y profesores de España fueron expulsados de la enseñanza. Ya ha sido estudiada en el caso del Magisterio Nacional, con diversas investigaciones de ámbito nacional y local. El Cuerpo de Funcionarios y Telégrafos también ha sido objeto de estudio e investigación, así como diversos ayuntamientos.
En los casos de personas afectadas por las depuraciones políticas tanto en el ámbito laboral como en las administraciones públicas, éstas se vieron privadas de su derecho a percibir una jubilación.

La represión religiosa
La religión católica fue instaurada como religión oficial del Estado, y su doctrina declarada fuente de inspiración de la legislación.Las demás religiones quedaron limitadas al ámbito privado y se prohibieron sus manifestaciones públicas. No obstante, en 1967 fue reformada la ley para incluir en su articulado la libertad religiosa, prohibiendo las manifestaciones externas de toda religión que no fuese católica, y reafirmando la protección oficial que el Estado brinda a esta última. Los lazos privilegiados entre el Estado y la Iglesia católica llevaron a que se hablase de nacional catolicismo.

La represión lingüística
Implicaba la prohibición o ridiculización de las lenguas de España diferentes del castellano, única lengua reconocida políticamente. La posguerra generó una nueva brutalidad después de la ocupación de Cataluña: odio a la autonomía catalana, la represión contra la lengua y la cultura propias. En España fue derrotada la izquierda, en Cataluña, además, el catalanismo. En los primeros años de posguerra, persiguió con sistematicidad la lengua y la cultura catalanas, vascas y gallegas, sobre todo en la administración, en los medios de comunicación, en la escuela, en la universidad, en la señalización pública y en general en toda manifestación pública., sin que dicha persecución se extendiera más allá en el tiempo.
El franquismo dio muestras pronto de respeto a la lengua catalana, quizá porque entre sus filas había muchos burgueses catalanistas y con el colaboraron ilustres políticos de ese signo, como Francesc Cambó: En 1945, el estado subvencionó y colaboró en el homenaje a Mosén Cinto Verdaguer y un año antes había hecho obligatorio la inclusión del catalán en las cátedras de filología hispánica. Algo parecido ocurrió con el resto de las lenguas: Tan pronto como el año 1945, funcionaban con normalidad las academias del vasco y del gallego, dedicadas a normalizar dichos idiomas, y unos pocos años más tarde, en 1957, se fundó la primera ikastola. Ya en 1948 se editaba la revista Egan, en euskera. Y cómo anécdota adicional, el 30 de marzo de 1969, el diario La Vanguardia publicaba que el Tribunal Supremo confirmó una sentencia contra Néstor Luján por publicar en la revista Destino, que dirigía, una carta que denigraba el catalán, idioma cuyo uso se respeta y garantiza. Si bien no se permitía su uso en instancias oficiales, su uso cotidiano y en la vida cultural no estaba perseguido ni sancionado.

La represión económica
La represión económica fue practicada mediante multas económicas (pago de cantidades fijas), incautaciones totales o parciales de bienes y embargos de cuentas bancarias, decididas por la Comisión Central de Bienes Incautados por el Estado y por comisiones provinciales de incautación. Se aplicó en virtud de un decreto aprobado el 10 de enero de 1937, en particular su artículos 6 y 8 que sancionaban económicamente a "los responsables de daños o perjuicios causados a España". El 9 de febrero de 1939, la Ley de Responsabilidades Políticas amplió ese decreto para "liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo del Movimiento Nacional". El artículo 10 imponía sanciones económicas a todos los condenados por tribunales militares. Estas sanciones se aplicaban incluso tras el fallecimiento del condenado. Las incautaciones se realizaban a particulares, partidos políticos, asociaciones, firmas comerciales.En la sola provincia de Galicia, se estima que hasta 1945 el régimen franquista abrió expediente civil o político a 14.492 personas sospechosas de ser de izquierdas o de no tener un comportamiento «acorde con las nuevas circunstancias».
Esta ley se aplicaba no sólo a todos los opositores al régimen sino también a los que habían servido civil y militarmente bajo la Segunda República. Vulneraba la irretroactividad penal, castigando ideas y actos anteriores al levantamiento franquista, y por lo tanto legales cuando se realizaron.
Aparte de las multas gobernativas y las incautaciones, la represión económica se ejercía también mediante las suscripciones patrióticas obligatorias. Empleadas primero en los años de guerra para sufragar las campañas bélicas de los nacionales, las suscripciones patrióticas se mantuvieron bajo el Régimen y tenían un fuerte impacto propagandístico. Eran todo menos voluntarias, ya que si alguien no contribuía según sus posibilidades económicas era multado, y se publicaban las multas en prensa con un propósito claramente intimidatorio.
El 13 de abril de 1945, el Ministerio de Justicia publicó un decreto que declaró extinguidos los procedimientos de Responsabilidades Civiles y Políticas y los tribunales creados para su aplicación, al considerar cumplida su misión. Creó la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas para resolver los casos pendientes y los recursos presentados contra las sentencias sancionadoras.
Buena parte de los recursos fueron sobreseídos o indultados, y los bienes y el dinero incautados fueron devueltos en las décadas posteriores, por un importe equivalente al que tenían en las fechas de incautación, lo que representaba una fuerte devalorización.
La restitución del patrimonio histórico y acumulado de los sindicatos de trabajadores, asociaciones empresariales y sociedades vinculadas a ellos, no se planteó hasta el inicio de la Transición, cuando un Real Decreto Ley de 1976 repartió entre los sindicatos mayoritarios los bienes acumulados por el sindicato vertical, recientemente abolido. La devolución del patrimonio histórico de las organizaciones sindicales no fue contemplada de hecho hasta la aprobación en 1986 de la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.

La represión laboral
Llevada a cabo en todos los ámbitos productivos, con despidos de puesto de trabajo, inhabilitaciones laborales y profesionales. Las organizaciones patronales realizaban listas de "rojos" o "sindicalistas" para evitar que entrasen a las empresas. En el caso de miembros de profesiones liberales, fue llevada a cabo por los propios colegios profesionales, después de su correspondiente depuración. Los funcionarios públicos que habían servido durante la República fueron despedidos de acuerdo con la "Ley de Depuración".

La represión política
Se prohibieron los partidos políticos, sindicatos, asociaciones y periódicos no afines al régimen. Se anuló la libertad de expresión para opiniones contrarias al gobierno o simplemente discrepantes, y se estableció desde las mismas instancias de gobierno un sistema de censura de todos los medios de comunicación.

La represión cultural

La censura fue aplicada a temas no relacionados directamente con la política: literatura, poesía, canciones, artes plásticas, cine y teatro. Se impuso un modelo cultural definido según los criterios establecidos por el Estado. La censura que aplicaba el régimen afectó a todas las actividades intelectuales y a los medios de comunicación, y llegó a incluir la manipulación fotográfica. El cine y el teatro serían víctimas de una doble censura civil y eclesiástica, siendo prohibidas obras de autores.
Antes de ser representadas, las obras de teatro tenían que pasar el filtro de la Junta de Censura de Obras Teatrales que, en muchas ocasiones, imponía la eliminación de frases, la desvirtuación de diálogos y situaciones dramáticas, e incluso su prohibición total. El naciente teatro realista, al igual que la novela y el cine realista, fue prohibido por ser considerado próximo al marxismo, y se censuraban las obras que representaban aspectos de la realidad española que el régimen se esforzaba en ocultar. Si las obras tempranas de Antonio Buero Vallejo, primeras muestras del realismo social en el teatro de la posguerra española, escaparon a la censura, dos obras suyas fueron prohibidas mas adelante. En la década de 1940, se prohibieron varias obras de Jardiel Poncela (aunque hubiese apoyado el levantamiento franquista), Juan José Alonso Millán, Alfonso Paso, Alfonso Sastre, Lauro Olmo, José María Rodríguez Méndez y Francisco Nieva, y se redujo a buena parte de los dramaturgos españoles al ámbito del teatro de cámara. Se recuperó la libertad de expresión en los escenarios el 4 de marzo de 1978, durante la Transición democrática, cuando entró en vigor el Real Decreto 262/1978 sobre libertad de representación de espectáculos teatrales.
En la novela el régimen no pudo evitar que algunos escritores reflejaran las miserias condiciones de vida de aquellos años cuarenta. Un pintor, el palentino Ambrosio Ortega, Brosio, fue la persona que más años permaneció en las cárceles franquistas, al permanecer preso desde 1947 hasta 1970 por su colaboración con el maqui

Extensión de la represión
La represión franquista se inició en el mismo comienzo de la guerra civil, en aquellas provincias donde triunfo rápidamente la conspiración armada contra la República, el llamado Alzamiento, finalizando en la década de los años 70, con la muerte de Francisco Franco.
Fuente

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